La preocupación por parte de entes gubernamentales en relación al tema de transferencia de dinero u otros bienes por una entidad o una persona a otra, para encubrir una actividad delictiva y anular el tema ilícito llevó a la Superintendencia de Sociedades a dictaminar desde el 17 de junio de 2014, y de conformidad con las obligaciones consagradas en la Circular Externa 100-000005, a exigir a las empresas a realizar un análisis de su exposición al riesgo de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el contrabando. Se les propone establecer su propio sistema de autocontrol, gestión y debido seguimiento del mismo. La norma varía según las características del negocio, la actividad económica, el país donde opera, origen de recursos, producto y jurisdicción.

Siendo un tema legal el no cumplir con la norma incurre en sanciones administrativas y penales, según el agravante.